Varios países, entre ellos Canadá y Vietnam, han echado por tierra un proyecto internacional que pretendía incluir el amianto blanco -también conocido como crisotilo- en la lista de sustancias peligrosas recogida por la Convención de Rotterdam, un acuerdo de la ONU que obligaría a los exportadores de este producto a seguir ciertas exigencias.

Los estamos miembros de la Convención de Rotterdam, que siempre toman sus decisiones por consenso, se habían reunido esta semana en Ginebra para decidir si el crisotilo, un material utilizado para aislamientos y la protección contra el fuego, debía incluirse en esta lista.

Pero, según ha anunciado Michael Stanley-Jones, portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambientes, el producto químico no ha sido aceptado en la lista.

«Muchos países han declarado (…) tener dificultades para incluir el crisotilo, como Canadá, Ucrania, Kazajstán, Kirguizistán y Vietnam», ha asegurado.

Por su parte, Henry Lau, representante del gobierno canadiense -uno de los mayores productores de esta sustancia- ha indicado que su país «recomienda desde hace más de 30 años la utilización segura y controlada del crisotilo, tanto en el país como en el extranjero».

«Los exámenes científicos cofirman de forma manifiesta que las fibras del amianto blanco pueden utilizarse sin problemas bajo condiciones controladas», ha añadido.

Stanley-Jones ha explicado, además, que el proyecto de inclusión en la lista de sustancias peligrosas volverá a examinarse en la próxima reunión de la Convención de Rotterdam, en 2013.

Ha sobrayado también que los países sí se han puesto de acuerdo en incluir otras dos sustancias tóxicas: alacloro y aldicarb, sustancias empleadas en determinados productos fitosanitarios.

Según la convención, la exportación de los productos químicos y pesticidas peligrosos sólo puede realizarse si el país importador ha dado de antemano su acuerdo con total conocimiento de causa y después de haber recibido del país exportador toda la información concernienten a su peligrosidad.

En caso de que un país decida aceptar esos productos químicos, la Convención facilita el proceso por medio del establecimiento de normas de etiquetado, el establecimiento de una asistencia técnica y otras formas de apoyo.

Una cuarentena de productos han sido sometidos a este procedimiento, que entró en vigor en 2004.